Solicitan elevar a juicio la causa por estafas en “agencia de cobranza”

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Lo determinó la Fiscalía de Delitos Económicos. Mario Ulacco y Daniel Mendoza son los imputados a los que se los acusa de montar una sucursal apócrifa de “Provincia NET” en la ciudad, donde habrían cometido 323 defraudaciones a familias.

La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó este miércoles la elevación a juicio de la causa que involucra a una banda que está acusada de haber cometido 323 estafas a través de una agencia de cobranzas apócrifa, ubicada en Fortunato de la Plaza al 4600.

Los fiscales David Bruna y Javier Pizzo solicitaron a la Justicia de Garantías que sean llevados a debate oral por el delito de “estafas reiteradas” Mario Ulacco y Daniel Mendoza, los dos sospechosos que se sostienen que habrían integrado la organización que realizó millonarias defraudaciones. Se asegura, a su vez, que hubo una persona más involucrada en las maniobras pero, a la fecha, no pudo ser identificada.

“En definitiva la valoración conglobada de los elementos reunidos en la pesquisa, permite al Ministerio Público Fiscal tener corroborada con el grado necesario para este estadío procesal la hipótesis acusatoria, acerca de la materialidad de los hechos en forma relatada, como así la autoría penalmente responsable en los mismos de los imputados de autos”, concluyeron, en la presentación.

En agosto, cayó Ulacco, sindicado como el líder de la banda, después de ser buscado intensamente desde julio. Se sostiene que fue el responsable de buscar y contactar el alquiler ubicado en Fortunato de la Plaza al 4600, donde se aparentaba el funcionamiento de una sucursal de “Provincia Net”.

A fines de junio, la DDI había detneido al segundo integrante de la organización delictiva, Roberto Mendoza, de 65 años, quien se encargaba de realizar los cobros de las facturas, según pudo reconstruir la labor de la Unidad Fiscal de Instrucción N°10.

Los agentes fiscales lograron acreditar 323 casos de estafas, que habrían ocurrido en el lapso que va desde el 2 al 15 de mayo. La mecánica era simple: las personas, confiadas en que se trataba de una sucursal verdadera, realizaban los pagos correspondientes pero luego advertían que “no habían sido registros en las empresas de impuestos y servicios, lo que les provocó un perjuicio económico por la suma abonada en cada caso”.








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